Congreso argentino aprueba reforma laboral de Milei que amplía la jornada a 12 horas
El Congreso de la Nación Argentina aprobó con 135 votos a favor y 115 en contra la polémica reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, una iniciativa que eleva la jornada laboral de ocho a 12 horas y modifica aspectos clave del régimen de despidos y del derecho a huelga.
El proyecto, que ya había recibido el aval del Senado y deberá volver a la Cámara Alta para su sanción definitiva, introduce cambios estructurales en las relaciones laborales, entre ellos un nuevo esquema para el cálculo de indemnizaciones y la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir eventuales despidos mediante aportes patronales.
Debate tenso y artículo eliminado
La sesión en la Cámara Baja estuvo marcada por fuertes cruces entre oficialismo y oposición. Uno de los puntos más cuestionados fue el artículo 44, que planteaba la reducción del salario hasta en un 50% en casos de accidentes o enfermedades vinculadas a conductas consideradas voluntarias. Ese apartado fue finalmente retirado antes de la votación.
Legisladores de bloques opositores como Unión por la Patria y Provincias Unidas criticaron lo que consideran una pérdida de derechos laborales bajo el concepto de “modernización”.
Huelga general y protestas
La aprobación coincidió con una huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), que aseguró un acatamiento cercano al 90%. También se sumaron la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) y otros movimientos sociales, con concentraciones en Buenos Aires.
Las protestas dejaron enfrentamientos con la policía y afectaron múltiples sectores, incluyendo transporte aéreo, con alrededor de 400 vuelos cancelados.
Mientras el debate se desarrollaba en el Congreso, Milei se encontraba en Washington participando en actividades junto al presidente estadounidense Donald Trump.
El oficialismo defiende la reforma como un paso necesario para fomentar el empleo formal y atraer inversiones, mientras que sindicatos y sectores opositores advierten que implicará un retroceso en derechos laborales históricos vigentes desde 1974.



